Por estos días se debate el futuro incierto de la Hilandería
Barranqueras, perteneciente a la Unión de Cooperativas Algodoneras Limitada
(U.C.A.L.), que antaño fuera un símbolo del éxito del cooperativismo algodonero
en el Chaco. Los proyectos en disputa son, por un lado, la iniciativa del
gobierno de facilitar la instalación de un grupo empresario, y por otro lado,
el emprendimiento de los trabajadores que contempla la expropiación de la
industria y su gestión mediante una cooperativa conformada por ellos mismos.
Mas allá del debate coyuntural por uno u otro proyecto, lo que está en juego es
la continuidad o no de una política históricamente implementada por los
gobiernos de turno con el fin de rescatar emprendimientos empresariales
llevados a la quiebra por sus propios patrones para permitirle seguir
usufructuando de los padecimientos de los trabajadores y de la sociedad
chaqueña en general.
UCAL fue creada en la década del ’30 con la intención de
dotar a las cooperativas del ramo de un grado mayor de competitividad a nivel
nacional. Su progreso se vio reflejado treinta años después, con la adquisición
de la ex Fábrica Nacional de Tejidos (FANDET) en Barranqueras. Sin embargo, la
caída internacional de los precios del algodón y la internacionalización de la
economía chaqueña hacia 1970 pusieron en crisis al movimiento cooperativo en
general, y a UCAL en particular (Cfr. Rozé, Jorge. Lucha de clases en el Chaco contemporáneo. Librería De la Paz,
Resistencia, 2007).
A partir de entonces, el discurso de la “crisis permanente”
de las cooperativas habilitó un sistema de salvatajes, créditos especiales y
licuación parcial o total de deudas, cuyo peso recayó siempre sobre el conjunto
de la sociedad chaqueña y sobre los trabajadores. Ese mecanismo recurrente no
estuvo exento de ilegalidad, como lo demuestran las sentencias judiciales que
evidencian la relación entre el vaciado Banco del Chaco y los directivos de
UCAL en 1990 (Ibíd. Pp. 348-349).
Estos antecedentes permiten enmarcar lo sucedido a fines del
año 2007 cuando, una vez más, la Hilandería Barranqueras cerró inesperadamente
sus puertas dejando a 70 obreros sin trabajo y sin respuesta alguna sobre su
situación. Desde octubre de ese año, los trabajadores dejaron de cobrar sus
sueldos, que hasta en ese momento era pagados de manera irregular y fraccionado
hasta en seis cuotas. Además, sus condiciones de trabajo eran desastrosas:
muchos trabajaban de lunes a lunes, sin vacaciones y sin obra social, ya que a
pesar de que su monto era descontado de los salario, UCAL no efectuó los
aportes correspondientes durante más de un año. En diciembre, ante la falta de
pago de tres meses de salario, el sindicato, la comisión directiva de UCAL y el
Ministerio de Trabajo firmaron un convenio según el cual se debían saldar las
deudas el día 29 del mismo mes. Sin embargo, llegado ese día, los obreros
recibieron $300 y tres pandulces como toda compensación, sin aguinaldo ni
rastros de los sueldos adeudados. Por último, el 2 de Enero de 2008, cuando se
presentaron a trabajar, encontraron la planta cerrada y un cartel en la entrada
que indicaba “cerrado por hasta próximo aviso”.
Después de procurar sin éxito una respuesta por parte de los
directivos de UCAL, los trabajadores comenzaron las medidas de fuerza:
realizaron cortes de calle, acampes frente a la hilandería, ollas populares y
festivales. Esto le permitió obtener cuatro subsidios mensuales y, en diciembre
de 2008, la promesa de que “en 45 días la hilandería estaría funcionando”. A 90
días de esa promesa, los trabajadores sólo obtuvieron 3 meses de sueldo y
nuevas promesas. Los salarios no fueron pagados por UCAL, sino por el gobierno
provincial, y no contemplaron ni vacaciones, ni antigüedad, ni los salarios de
todo el 2008.
Ninguno de estos argumentos fue considerado por los
legisladores oficialistas que el pasado 11 de marzo votaron en contra del
proyecto de ley de expropiación de la Hilandería Barranqueras. La ley, sin
embargo, fue sancionada, aunque según declaraciones del ministro de Economía
Eduardo Aguilar, será objeto de un “veto seguro” por parte del gobernador. El
proyecto, entonces, volvería a la Cámara de Diputados, donde podría aprobarse
definitivamente de contar con dos tercios de los votos a favor.
Para fundamentar su oposición a la expropiación, el ministro
asegura que será necesaria un inversión importante por parte del Ejecutivo para
financiar el emprendimiento. Sin embargo, y según sus propias declaraciones, la
instalación de una nueva empresa requeriría el otorgamiento de créditos de igual
o mayor monto, ya que “hace falta una operatoria crediticia que es de varias decenas de millones
de pesos para el traslado de una hilandería” (Chacodiapordia.com 23/10/2008).
Si es factible otorgar “decenas de millones de pesos” de crédito a una empresa
privada, cuyo motor es el afán de lucro como toda empresa, ¿por qué no es
factible otorgarlo a los propios trabajadores que pretenden mantener sus
fuentes de trabajo y aportar al crecimiento de la economía provincial?
Con el antecedente de los millones de pesos ya otorgados
a UCAL, que no eran utilizados para inversión ni para sueldos sino para pagar
deudas y engordar los bolsillos de los directivos, los trabajadores están
convencidos de que esta nueva “salvación” no es más que una nueva posibilidad
de fraude. La utilización sistemática de este mecanismo por parte de los
sucesivos gobiernos, que “rescatan” a los empresarios y no a los trabajadores,
permite entender su convencimiento.
Por otra parte, la ley de expropiación incluye únicamente
a las maquinarias y a las parcelas donde se asienta la hilandería, permitiendo
que el gobierno provincial disponga del resto del terreno obtenido en
compensación por la deuda de UCAL. No hay “incoherencia” entre ambas medidas,
como señala el ministro Aguilar; la incoherencia reside, más bien, en un
gobierno que se dice trabajar para los menos favorecidos y en la realidad
favorece a los empresarios.
El último argumento esgrimido por el oficialismo es la
existencia de una nota firmada por 50 de los trabajadores de UCAL a favor de la
instalación de una nueva empresa. Sin embargo, como oportunamente denunciaron
los mismos trabajadores, esa nota fue obtenida mediante el chantaje,
prometiendo a cambio el pago de la totalidad de los salarios adeudados. Es que,
a diferencia de lo que sostuvieron los legisladores oficialistas en la sesión
de tratamiento del proyecto de expropiación, la mayoría de los obreros sí se
encuentra en una situación apremiante, con un año de sueldo adeudado y con la
incertidumbre de buscar “changas” para sobrevivir.
Por todas estas razones, aprendidas a lo largo de un año
y medio de lucha, es que los trabajadores ya no confían en las soluciones
mágicas de los empresarios. La única oportunidad viable, para ellos, es hacerse
cargo de sus propios destinos, expropiando la hilandería y poniéndola a
funcionar bajo su propia responsabilidad. Por eso hay que expropiar UCAL.
Maximiliano Román
maxiroman@hotmail.com
Por estos días se debate el futuro incierto de la Hilandería
Barranqueras, perteneciente a la Unión de Cooperativas Algodoneras Limitada
(U.C.A.L.), que antaño fuera un símbolo del éxito del cooperativismo algodonero
en el Chaco. Los proyectos en disputa son, por un lado, la iniciativa del
gobierno de facilitar la instalación de un grupo empresario, y por otro lado,
el emprendimiento de los trabajadores que contempla la expropiación de la
industria y su gestión mediante una cooperativa conformada por ellos mismos.
Mas allá del debate coyuntural por uno u otro proyecto, lo que está en juego es
la continuidad o no de una política históricamente implementada por los
gobiernos de turno con el fin de rescatar emprendimientos empresariales
llevados a la quiebra por sus propios patrones para permitirle seguir
usufructuando de los padecimientos de los trabajadores y de la sociedad
chaqueña en general.
UCAL fue creada en la década del ’30 con la intención de
dotar a las cooperativas del ramo de un grado mayor de competitividad a nivel
nacional. Su progreso se vio reflejado treinta años después, con la adquisición
de la ex Fábrica Nacional de Tejidos (FANDET) en Barranqueras. Sin embargo, la
caída internacional de los precios del algodón y la internacionalización de la
economía chaqueña hacia 1970 pusieron en crisis al movimiento cooperativo en
general, y a UCAL en particular (Cfr. Rozé, Jorge. Lucha de clases en el Chaco contemporáneo. Librería De la Paz,
Resistencia, 2007).
A partir de entonces, el discurso de la “crisis permanente”
de las cooperativas habilitó un sistema de salvatajes, créditos especiales y
licuación parcial o total de deudas, cuyo peso recayó siempre sobre el conjunto
de la sociedad chaqueña y sobre los trabajadores. Ese mecanismo recurrente no
estuvo exento de ilegalidad, como lo demuestran las sentencias judiciales que
evidencian la relación entre el vaciado Banco del Chaco y los directivos de
UCAL en 1990 (Ibíd. Pp. 348-349).
Estos antecedentes permiten enmarcar lo sucedido a fines del
año 2007 cuando, una vez más, la Hilandería Barranqueras cerró inesperadamente
sus puertas dejando a 70 obreros sin trabajo y sin respuesta alguna sobre su
situación. Desde octubre de ese año, los trabajadores dejaron de cobrar sus
sueldos, que hasta en ese momento era pagados de manera irregular y fraccionado
hasta en seis cuotas. Además, sus condiciones de trabajo eran desastrosas:
muchos trabajaban de lunes a lunes, sin vacaciones y sin obra social, ya que a
pesar de que su monto era descontado de los salario, UCAL no efectuó los
aportes correspondientes durante más de un año. En diciembre, ante la falta de
pago de tres meses de salario, el sindicato, la comisión directiva de UCAL y el
Ministerio de Trabajo firmaron un convenio según el cual se debían saldar las
deudas el día 29 del mismo mes. Sin embargo, llegado ese día, los obreros
recibieron $300 y tres pandulces como toda compensación, sin aguinaldo ni
rastros de los sueldos adeudados. Por último, el 2 de Enero de 2008, cuando se
presentaron a trabajar, encontraron la planta cerrada y un cartel en la entrada
que indicaba “cerrado por hasta próximo aviso”.
Después de procurar sin éxito una respuesta por parte de los
directivos de UCAL, los trabajadores comenzaron las medidas de fuerza:
realizaron cortes de calle, acampes frente a la hilandería, ollas populares y
festivales. Esto le permitió obtener cuatro subsidios mensuales y, en diciembre
de 2008, la promesa de que “en 45 días la hilandería estaría funcionando”. A 90
días de esa promesa, los trabajadores sólo obtuvieron 3 meses de sueldo y
nuevas promesas. Los salarios no fueron pagados por UCAL, sino por el gobierno
provincial, y no contemplaron ni vacaciones, ni antigüedad, ni los salarios de
todo el 2008.
Ninguno de estos argumentos fue considerado por los
legisladores oficialistas que el pasado 11 de marzo votaron en contra del
proyecto de ley de expropiación de la Hilandería Barranqueras. La ley, sin
embargo, fue sancionada, aunque según declaraciones del ministro de Economía
Eduardo Aguilar, será objeto de un “veto seguro” por parte del gobernador. El
proyecto, entonces, volvería a la Cámara de Diputados, donde podría aprobarse
definitivamente de contar con dos tercios de los votos a favor.
Para fundamentar su oposición a la expropiación, el ministro
asegura que será necesaria un inversión importante por parte del Ejecutivo para
financiar el emprendimiento. Sin embargo, y según sus propias declaraciones, la
instalación de una nueva empresa requeriría el otorgamiento de créditos de igual
o mayor monto, ya que “hace falta una operatoria crediticia que es de varias decenas de millones
de pesos para el traslado de una hilandería” (Chacodiapordia.com 23/10/2008).
Si es factible otorgar “decenas de millones de pesos” de crédito a una empresa
privada, cuyo motor es el afán de lucro como toda empresa, ¿por qué no es
factible otorgarlo a los propios trabajadores que pretenden mantener sus
fuentes de trabajo y aportar al crecimiento de la economía provincial?
Con el antecedente de los millones de pesos ya otorgados
a UCAL, que no eran utilizados para inversión ni para sueldos sino para pagar
deudas y engordar los bolsillos de los directivos, los trabajadores están
convencidos de que esta nueva “salvación” no es más que una nueva posibilidad
de fraude. La utilización sistemática de este mecanismo por parte de los
sucesivos gobiernos, que “rescatan” a los empresarios y no a los trabajadores,
permite entender su convencimiento.
Por otra parte, la ley de expropiación incluye únicamente
a las maquinarias y a las parcelas donde se asienta la hilandería, permitiendo
que el gobierno provincial disponga del resto del terreno obtenido en
compensación por la deuda de UCAL. No hay “incoherencia” entre ambas medidas,
como señala el ministro Aguilar; la incoherencia reside, más bien, en un
gobierno que se dice trabajar para los menos favorecidos y en la realidad
favorece a los empresarios.
El último argumento esgrimido por el oficialismo es la
existencia de una nota firmada por 50 de los trabajadores de UCAL a favor de la
instalación de una nueva empresa. Sin embargo, como oportunamente denunciaron
los mismos trabajadores, esa nota fue obtenida mediante el chantaje,
prometiendo a cambio el pago de la totalidad de los salarios adeudados. Es que,
a diferencia de lo que sostuvieron los legisladores oficialistas en la sesión
de tratamiento del proyecto de expropiación, la mayoría de los obreros sí se
encuentra en una situación apremiante, con un año de sueldo adeudado y con la
incertidumbre de buscar “changas” para sobrevivir.
Por todas estas razones, aprendidas a lo largo de un año
y medio de lucha, es que los trabajadores ya no confían en las soluciones
mágicas de los empresarios. La única oportunidad viable, para ellos, es hacerse
cargo de sus propios destinos, expropiando la hilandería y poniéndola a
funcionar bajo su propia responsabilidad. Por eso hay que expropiar UCAL.
Maximiliano Román
maxiroman@hotmail.com
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