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“Ante tanta efervescencia, lo primero que hay que señalar es que promulgar la nueva ley es indispensable; la anterior estaba anacrónica y no cumple ya ninguna función -como no sea defender privilegios de grupos concentrados del negocio de la comunicación-” sentencia filosamente Montero, para quien la nueva norma surge en parte debido al enfrentamiento coyuntural entre los Kirchner y el Grupo Clarín y en parte a vicios estructurales del mercado de medios
Se detiene, sin embargo, en el análisis de la estructura, porque en su opinión “no se ha expuesto lo que debería haberse explicitado: la cultura es hoy una industria, un negocio y en los negocios interviene la ley de la máxima ganancia. La información y el entretenimiento se venden, son mercancía, y de ahí su esencia corrupta. El sistema de medios, ya no es sólo un factor de poder desde lo ideológico y político, sino un factor inherente a un lucrativo negocio en una sociedad en la que hay que vender y hacer consumir como sea. Los medios disciplinan culturalmente y favorecen esa rueda de consumo, en eso también va su papel.”
“El avance tecnológico es avasallante y plantea nuevos escenarios y desafíos en cuanto a la organización, distribución y consumo de bienes culturales. El debate llega atravesado por una crisis general del sistema de medios, que no es sólo económica. La nueva legislación viene a modificar un statu quo anacrónico. Inspirándose en el modelo europeo y en menor medida, estadounidense, avanza sobre la tenencia de señales y derechos del público.”
Ante este escenario es justo preguntarse: ¿es el espíritu de la ley ejercer un control sobre los contenidos de los medios? Montero es terminante en este punto: “No, es falso. El espíritu de la ley es ampliar el espacio legal para la explotación de medios de comunicación.”
Por eso sostiene que la nueva norma no plantea ninguna desventaja sobre la anterior; “Todas son ventajas, eso sí: pequeñas. En esencia la legislación es insuficiente y corre el peligro de quedar entrampada desde la perspectiva de Internet. Aquí debatimos la tenencia de una señal, pero en Internet se pueden producir imágenes y audio -es decir TV y Radio- sin pedir permiso a nadie. Esto es lo que se viene y se impondrá y obligará a repensar este asunto de la legislación sobre los medios. Por eso es que creo que, en realidad, era la oportunidad para un debate sobre ley general de medios, no circunscripta a Radio y TV.”
Montero señala además que la norma beneficiaría a los medios más pequeños, sólo “desde la redistribución de señales legales” pero, para que este beneficio sea real “debieran también crearse otras condiciones, tan o más indispensable que la autorización legal, como garantizar los recursos de explotación y no sólo una licencia.”
Sin embargo, el punto álgido se encuentra para él en que se descuenta que al haber más productores de información habrá mayor diversidad de opinión. “En este punto, creo que la legislación cae en fraseologías. Por encima del enunciado no garantiza una democratización real de contenidos, sino en todo caso de producción de información. Es decir donde antes había 10 licenciatarios diferenciados ahora habrá 30, 50. Pero eso no autoriza a decir que los medios se democratizan, que hay un salto de calidad en sus contenidos.”
“Corrientes y Chaco, tienen un centenar de FM, tres o cuatro AM, al menos doce medios gráficos, cables y TV abierta en manos diversas, numerosísimos diarios digitales, en muchos casos emisoras dirigidas por comunicadores y periodistas, no por grupos concentrados, y sin embargo, no podríamos afirmar que exista pluralidad. Más bien todo lo contrario: pensamiento único, en sentido cultural y sistémico (a tal punto que, con el debate sobre la nueva ley, buena parte de la sociedad adopta acríticamente el punto de vista del grupo mediático hegemónico como si fuera propio)” descarga Montero.
“Esta contradicción no se resuelve con más productores, -aunque esto es naturalmente indispensable- sino garantizando equidad, transparencia, equilibrio en los recursos que permiten producir” prosigue y ejemplifica: “Si intento romper la concentración de la tierra entregando unidades productivas a nuevos actores y no completo el paso garantizándoles la compra de su producción y/o asistencia en recursos técnicos e insumos, los mando a la muerte o peor: a los brazos de los grandes capitales. Lo mismo ocurre con las señales de TV y Radio. Podemos dar licencia a una cooperativa pero si no le garantizamos recursos indispensables para su subsistencia terminarán 'cooperativamente', 'democráticamente', negociando con los poderosos de la economía, que otra vez serán los gurúes de la gestión y de los contenidos y los contenidos, en este sistema de medios, son guiados -lo repito- por la ley del lucro.”
Admite que “quedará el espacio para las asociaciones sin fines de lucro” pero desconfía que éstas puedan generar contenidos en condiciones de competencia sin profesionales y esto insume recursos.
“Pero además enfatiza- es mentira que a los medios los sostengan la industria, el comercio: al menos no en el interior. Al sistema lo sostienen en las provincias sus respectivos Estados. Entonces lo primero que hay que discutir es si los Estados deben subsidiar al sistema de medios. Y si del debate surgiera que sí, se impondría entonces un segundo debate: de qué modo y qué tipo de legislación sería conveniente para la adjudicación de esos recursos. Y, ya que el Estado interviene, debiera avanzarse hacia una declaración explícita del carácter de servicio público de los medios de comunicación. Tratándose de servicios públicos, ninguno puede hacer lo que quiere, sino lo establecido y regulado; toma derechos pero asimismo, contrae obligaciones para con la sociedad.
Otro punto que merece ser tenido en cuenta es la diferencia de tratamiento entre los productores de información de la capital y del interior del país.
Montero percibe, en este aspecto, “una mirada del país -otra vez- porteña.” A su entender “la ley introduce medidas para proteger el trabajo de profesionales y creadores nacionales en las ediciones de publicidad y contenidos, establece un porcentaje de producción nacional en las emisiones, pero nada de todo esto tiene reflejo hacia el interior. No dice que, por ejemplo, una publicidad, cualquiera sea, deba ser creada por profesionales de la comunidad a la cual va dirigida; no dice que la producción de contenidos deba ser quedar mayoritariamente en manos de productores locales y sobre asuntos de esa comunidad. Puede ocurrir, entonces, que una persona o una entidad accedan a la explotación de una señal y lo único que hagan sea lucrar 'pinchando' señales porteñas. Se transforme otra vez en un rentista. No dice que la emisión/televisación de espectáculos nacionales, deba quedar a cargo de profesionales de cada comunidad. Se corre el riesgo de seguir dentro del 'monopolio' porteño en los medios de comunicación. Hay muchos puntos vacíos ahí.”
Desde el punto de vista de los consumidores, y aunque admite que es difícil vaticinar escenarios, Montero arriesga que la nueva norma resultará favorable, porque el hecho de “que la información o el entretenimiento lleguen elaborados por una multinacional o una cooperativa de comuna es algo que al público lo tiene sin cuidado; le sirve, eso sí, que se ponga freno a la venta indiscriminada de publicidad, a los fastidiosos cortes en la TV por cable, servicio por el cual ya paga, al abaratamiento de los servicios y sobre todo a que se garantice su derecho a expresar su opinión.”
Se ha dicho que uno de los propósitos, explícito o no, de la norma es obligar a los grandes multimedios a que disminuyan su tamaño. Nos preguntamos, entonces, si es legítimo imponer esta reducción. Para Montero “lo legítimo o ilegítimo tiene que ver con una relación de fuerzas en la sociedad y con los conceptos que esa sociedad -o al menos sus sectores mayoritarios- tienen sobre ello, sobre la justicia, el derecho, el bien, etc, sobre lo que consideran más justo. Hoy hay más conciencia sobre la naturaleza, el medio ambiente, sobre lo público. Pues bien, el espacio es público no le pertenece a nadie, ni al mismo Estado- y lo más razonables entonces es que se regule su utilización y que se ponga freno a la acumulación en pocas manos.”
Sectores opositores a la sanción de la norma (como la UCR y el PRO) expresaron que la ley no debiera tratarse porque no están dadas las condiciones democráticas para debatirla. Montero descalifica esta posición “es chicana política” y replica irónicamente: “si hoy no existen garantías democráticas -entendido esto como la vigencia de garantías republicanas- para un debate ¿cuándo entonces?”
Pero entonces ¿cómo debemos interpretar que el oficialismo haya accedido sólo a tres debates públicos, en vez de los siete foros federales propuestos originalmente? “Otra chicana, la oposición pidió 'extender y ampliar' el debate para ganar tiempo, y esperar a la conformación de un escenario que le sea más favorables en el próximo Congreso. La oposición -o parte de ésta- no lo explicita pero sus argumentos son en defensa de la libertad de empresa no del derecho a la información. Sin embargo, ya lo dije, la nueva legislación mira a Europea y a EE.UU y a nadie se le ocurriría que no hay libertad de empresa ahí.”
Se detiene, sin embargo, en el análisis de la estructura, porque en su opinión “no se ha expuesto lo que debería haberse explicitado: la cultura es hoy una industria, un negocio y en los negocios interviene la ley de la máxima ganancia. La información y el entretenimiento se venden, son mercancía, y de ahí su esencia corrupta. El sistema de medios, ya no es sólo un factor de poder desde lo ideológico y político, sino un factor inherente a un lucrativo negocio en una sociedad en la que hay que vender y hacer consumir como sea. Los medios disciplinan culturalmente y favorecen esa rueda de consumo, en eso también va su papel.”
“El avance tecnológico es avasallante y plantea nuevos escenarios y desafíos en cuanto a la organización, distribución y consumo de bienes culturales. El debate llega atravesado por una crisis general del sistema de medios, que no es sólo económica. La nueva legislación viene a modificar un statu quo anacrónico. Inspirándose en el modelo europeo y en menor medida, estadounidense, avanza sobre la tenencia de señales y derechos del público.”
Ante este escenario es justo preguntarse: ¿es el espíritu de la ley ejercer un control sobre los contenidos de los medios? Montero es terminante en este punto: “No, es falso. El espíritu de la ley es ampliar el espacio legal para la explotación de medios de comunicación.”
Por eso sostiene que la nueva norma no plantea ninguna desventaja sobre la anterior; “Todas son ventajas, eso sí: pequeñas. En esencia la legislación es insuficiente y corre el peligro de quedar entrampada desde la perspectiva de Internet. Aquí debatimos la tenencia de una señal, pero en Internet se pueden producir imágenes y audio -es decir TV y Radio- sin pedir permiso a nadie. Esto es lo que se viene y se impondrá y obligará a repensar este asunto de la legislación sobre los medios. Por eso es que creo que, en realidad, era la oportunidad para un debate sobre ley general de medios, no circunscripta a Radio y TV.”
Montero señala además que la norma beneficiaría a los medios más pequeños, sólo “desde la redistribución de señales legales” pero, para que este beneficio sea real “debieran también crearse otras condiciones, tan o más indispensable que la autorización legal, como garantizar los recursos de explotación y no sólo una licencia.”
Sin embargo, el punto álgido se encuentra para él en que se descuenta que al haber más productores de información habrá mayor diversidad de opinión. “En este punto, creo que la legislación cae en fraseologías. Por encima del enunciado no garantiza una democratización real de contenidos, sino en todo caso de producción de información. Es decir donde antes había 10 licenciatarios diferenciados ahora habrá 30, 50. Pero eso no autoriza a decir que los medios se democratizan, que hay un salto de calidad en sus contenidos.”
“Corrientes y Chaco, tienen un centenar de FM, tres o cuatro AM, al menos doce medios gráficos, cables y TV abierta en manos diversas, numerosísimos diarios digitales, en muchos casos emisoras dirigidas por comunicadores y periodistas, no por grupos concentrados, y sin embargo, no podríamos afirmar que exista pluralidad. Más bien todo lo contrario: pensamiento único, en sentido cultural y sistémico (a tal punto que, con el debate sobre la nueva ley, buena parte de la sociedad adopta acríticamente el punto de vista del grupo mediático hegemónico como si fuera propio)” descarga Montero.
“Esta contradicción no se resuelve con más productores, -aunque esto es naturalmente indispensable- sino garantizando equidad, transparencia, equilibrio en los recursos que permiten producir” prosigue y ejemplifica: “Si intento romper la concentración de la tierra entregando unidades productivas a nuevos actores y no completo el paso garantizándoles la compra de su producción y/o asistencia en recursos técnicos e insumos, los mando a la muerte o peor: a los brazos de los grandes capitales. Lo mismo ocurre con las señales de TV y Radio. Podemos dar licencia a una cooperativa pero si no le garantizamos recursos indispensables para su subsistencia terminarán 'cooperativamente', 'democráticamente', negociando con los poderosos de la economía, que otra vez serán los gurúes de la gestión y de los contenidos y los contenidos, en este sistema de medios, son guiados -lo repito- por la ley del lucro.”
Admite que “quedará el espacio para las asociaciones sin fines de lucro” pero desconfía que éstas puedan generar contenidos en condiciones de competencia sin profesionales y esto insume recursos.
“Pero además enfatiza- es mentira que a los medios los sostengan la industria, el comercio: al menos no en el interior. Al sistema lo sostienen en las provincias sus respectivos Estados. Entonces lo primero que hay que discutir es si los Estados deben subsidiar al sistema de medios. Y si del debate surgiera que sí, se impondría entonces un segundo debate: de qué modo y qué tipo de legislación sería conveniente para la adjudicación de esos recursos. Y, ya que el Estado interviene, debiera avanzarse hacia una declaración explícita del carácter de servicio público de los medios de comunicación. Tratándose de servicios públicos, ninguno puede hacer lo que quiere, sino lo establecido y regulado; toma derechos pero asimismo, contrae obligaciones para con la sociedad.
Otro punto que merece ser tenido en cuenta es la diferencia de tratamiento entre los productores de información de la capital y del interior del país.
Montero percibe, en este aspecto, “una mirada del país -otra vez- porteña.” A su entender “la ley introduce medidas para proteger el trabajo de profesionales y creadores nacionales en las ediciones de publicidad y contenidos, establece un porcentaje de producción nacional en las emisiones, pero nada de todo esto tiene reflejo hacia el interior. No dice que, por ejemplo, una publicidad, cualquiera sea, deba ser creada por profesionales de la comunidad a la cual va dirigida; no dice que la producción de contenidos deba ser quedar mayoritariamente en manos de productores locales y sobre asuntos de esa comunidad. Puede ocurrir, entonces, que una persona o una entidad accedan a la explotación de una señal y lo único que hagan sea lucrar 'pinchando' señales porteñas. Se transforme otra vez en un rentista. No dice que la emisión/televisación de espectáculos nacionales, deba quedar a cargo de profesionales de cada comunidad. Se corre el riesgo de seguir dentro del 'monopolio' porteño en los medios de comunicación. Hay muchos puntos vacíos ahí.”
Desde el punto de vista de los consumidores, y aunque admite que es difícil vaticinar escenarios, Montero arriesga que la nueva norma resultará favorable, porque el hecho de “que la información o el entretenimiento lleguen elaborados por una multinacional o una cooperativa de comuna es algo que al público lo tiene sin cuidado; le sirve, eso sí, que se ponga freno a la venta indiscriminada de publicidad, a los fastidiosos cortes en la TV por cable, servicio por el cual ya paga, al abaratamiento de los servicios y sobre todo a que se garantice su derecho a expresar su opinión.”
Se ha dicho que uno de los propósitos, explícito o no, de la norma es obligar a los grandes multimedios a que disminuyan su tamaño. Nos preguntamos, entonces, si es legítimo imponer esta reducción. Para Montero “lo legítimo o ilegítimo tiene que ver con una relación de fuerzas en la sociedad y con los conceptos que esa sociedad -o al menos sus sectores mayoritarios- tienen sobre ello, sobre la justicia, el derecho, el bien, etc, sobre lo que consideran más justo. Hoy hay más conciencia sobre la naturaleza, el medio ambiente, sobre lo público. Pues bien, el espacio es público no le pertenece a nadie, ni al mismo Estado- y lo más razonables entonces es que se regule su utilización y que se ponga freno a la acumulación en pocas manos.”
Sectores opositores a la sanción de la norma (como la UCR y el PRO) expresaron que la ley no debiera tratarse porque no están dadas las condiciones democráticas para debatirla. Montero descalifica esta posición “es chicana política” y replica irónicamente: “si hoy no existen garantías democráticas -entendido esto como la vigencia de garantías republicanas- para un debate ¿cuándo entonces?”
Pero entonces ¿cómo debemos interpretar que el oficialismo haya accedido sólo a tres debates públicos, en vez de los siete foros federales propuestos originalmente? “Otra chicana, la oposición pidió 'extender y ampliar' el debate para ganar tiempo, y esperar a la conformación de un escenario que le sea más favorables en el próximo Congreso. La oposición -o parte de ésta- no lo explicita pero sus argumentos son en defensa de la libertad de empresa no del derecho a la información. Sin embargo, ya lo dije, la nueva legislación mira a Europea y a EE.UU y a nadie se le ocurriría que no hay libertad de empresa ahí.”
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